Morelia, Michoacán a 19 de agosto de 2025.– El doctor José Luis Baltazar Vega alzó la voz para denunciar lo que califica como un despojo injusto y lleno de irregularidades por parte de actuarios de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje en Morelia. El caso, que se remonta al año 2014, lo enfrenta a un proceso legal que asegura está sustentado en domicilios falsos, acusaciones inventadas y tráfico de influencias, y que hoy amenaza con arrebatarle el patrimonio familiar.
El médico, avecindado en Querétaro, relató que fue demandado por un albañil que trabajó para él bajo la modalidad de destajo, quien argumentó falsamente que no había recibido pago por sus servicios. “Me inventaron domicilios inexistentes en Morelia para notificarme, cuando yo vivía en Querétaro. Con esa maniobra me dejaron sin defensa y levantaron un caso totalmente manipulado”, expresó con indignación.
De acuerdo con el doctor José Luis, ahora se le exige el pago de un millón de pesos por la supuesta deuda laboral, mientras que su esposa enfrenta otra demanda del mismo trabajador por 500 mil pesos adicionales, debido a que también participaba en la obra en construcción. En conjunto, la familia está en riesgo de perder un lote ubicado en la colonia Agrarismo, un terreno de interés social que ya se encuentra en proceso de embargo.
“Es algo verdaderamente grave, porque prácticamente toda mi familia está ya en remate. Lo que comenzó como un contrato por destajo se convirtió en un proceso lleno de anomalías que hoy amenaza con dejarnos en la calle”, lamentó.
El doctor subrayó que no niega haber contratado al albañil, pero insiste en que los pagos se realizaron conforme a lo acordado. Para él, la raíz del problema está en la forma en que se condujo el procedimiento laboral, donde las notificaciones fueron enviadas a direcciones inexistentes y las pruebas presentadas nunca fueron valoradas adecuadamente.
Asimismo, denunció que detrás del caso podría haber intereses externos que han influido en la actuación de las autoridades laborales. “Aquí hay contrabando de influencias y corrupción. No puede ser que las pruebas de las anomalías estén a la vista y nadie haga nada”, declaró.
Por ello, hizo un llamado enérgico a las máximas instancias de justicia. “Exijo a la Suprema Corte de Justicia y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla que intervengan. Este es un caso que lleva más de diez años y que refleja cómo los ciudadanos quedamos en total vulnerabilidad frente a un sistema que en lugar de impartir justicia, permite abusos”, señaló.
El caso del doctor José Luis ilustra una problemática recurrente en los juicios laborales: la indefensión de los demandados ante notificaciones irregulares, interpretaciones sesgadas y posibles actos de corrupción que, en lugar de equilibrar la relación trabajador-patrón, terminan afectando gravemente a las familias.
Mientras tanto, el profesionista y su esposa siguen luchando contra la pérdida de su patrimonio, con la esperanza de que las autoridades federales y estatales revisen el expediente y frenen lo que consideran un atropello legal y humano.
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